La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) definieron una hoja de ruta para avanzar en la gestión de trámites ambientales relacionados con 16 proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país, en un esfuerzo por agilizar procesos regulatorios y dar seguimiento a expedientes que actualmente condicionan el avance de varias iniciativas.
Según informaron las entidades, durante varias mesas de trabajo conjuntas se revisó el estado de los trámites ambientales asociados a estos proyectos y se establecieron compromisos para atender asuntos relacionados con licencias, compensaciones, obligaciones ambientales, cierre de expedientes y definición de competencias institucionales.
De acuerdo con la información oficial, los proyectos analizados tendrían impacto sobre más de 30 millones de personas en distintas regiones del país.
“Nuestra meta es fortalecer la coordinación entre entidades, dar claridad a los procesos ambientales y avanzar hacia una infraestructura responsable con el entorno natural. Por eso, desde la ANI y la ANLA continuaremos trabajando de la mano, con nuevos espacios de seguimiento y compromisos conjuntos”, señaló Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI.
Entre las iniciativas revisadas se encuentra el proyecto Estanquillo-Popayán, cuya etapa de preconstrucción inició el pasado 30 de julio. Allí continúa la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, un requisito necesario para el desarrollo de la obra. Según la ANI, el corredor beneficiaría a cerca de un millón de habitantes de Cauca y Nariño.
En el proyecto Popayán-Santander de Quilichao, las gestiones actuales se concentran en la aprobación del Plan de Compensación de la Unidad Funcional 2 y del Plan de Paisajismo de la Unidad Funcional 4, trámites requeridos para completar las obras previstas. La entidad estima que la iniciativa impactará a aproximadamente 500.000 habitantes.
Respecto al corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, las entidades analizaron solicitudes relacionadas con áreas de reserva forestal en distintas unidades funcionales. Como resultado de la revisión, acordaron elevar una consulta para precisar la competencia de la ANLA frente a algunos de estos procedimientos. El proyecto está orientado a mejorar la conectividad vial de una zona donde habitan cerca de cuatro millones de personas.
Otro de los proyectos abordados fue Accesos Norte Fase II, que ya cuenta con licencia ambiental. Actualmente se desarrollan actividades previas a la construcción, entre ellas rescate de flora y manejo de fauna. Según las estimaciones oficiales, esta obra beneficiará a más de 7,9 millones de habitantes.
En el caso de Accesos Norte 1, continúa vigente una medida cautelar sobre el predio Las Veguitas por decisión del Tribunal de Cundinamarca. Las entidades indicaron que permanecen a la espera de pronunciamientos relacionados con solicitudes de aclaración y de un concepto de la CAR.
Las mesas de trabajo también incluyeron la revisión de avances en proyectos como Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, donde se trabaja en la definición de alternativas para determinar el trámite ambiental aplicable a una solución definitiva en la Unidad Funcional 8.
Asimismo, fueron analizados asuntos relacionados con los proyectos IP GICA, Santana-Mocoa-Neiva, Ruta del Sol Sector 3, Cartagena-Barranquilla, Mar 2, Bogotá-Villeta, Antioquia-Bolívar, Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Villavicencio-Yopal y Chirajara-Fundadores.
Como resultado de los encuentros, la ANI y la ANLA acordaron mantener mecanismos de coordinación y seguimiento periódico para revisar el avance de los procesos ambientales asociados a estos proyectos. En ese sentido, las entidades programaron una nueva mesa técnica para el próximo mes, en la que se espera abordar temas pendientes de varias iniciativas y asuntos relacionados con el Canal del Dique y su plan hidrosedimentológico.
Fuente: www.dataifx.com
