La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) alertó sobre los efectos operativos y financieros que tendrá el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, especialmente en los sistemas de transporte público urbano.
Según cálculos de la entidad, el aumento del 23,7 % en el salario mínimo —que eleva la remuneración básica a $1.746.882 y el auxilio de transporte a $253.118— implicará un ajuste adicional promedio de $200 por pasaje, sobre el incremento ya previsto con base en una proyección del 11 %.
“Un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
La asociación explicó que entre el 40 % y el 55 % de los costos de operación de los sistemas de transporte están indexados al salario mínimo, incluyendo nómina, seguridad social y prestaciones. Esto afecta tanto a grandes sistemas metropolitanos como TransMilenio en Bogotá, como a redes estratégicas de menor escala en ciudades intermedias, que cuentan con menor respaldo fiscal.
En Bogotá, el aumento salarial presiona el Fondo de Estabilización Tarifaria, incrementa el costo por kilómetro y obliga al Distrito a ampliar su esfuerzo fiscal para garantizar la continuidad del servicio. En Cartagena, el impacto es proporcionalmente mayor, debido a la menor capacidad financiera del sistema.
Cali enfrenta mayores costos operativos en el sistema MIO, lo que agrava los déficits estructurales y exige más recursos municipales para mantener la calidad del servicio. En Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta mayor equilibrio financiero, el alza salarial afecta los costos de operación de buses alimentadores, tranvías y personal de estaciones, lo que podría requerir mayores transferencias públicas o ajustes en la inversión futura.
Asocapitales reiteró que el aumento del salario mínimo es una decisión socialmente necesaria, pero insistió en que sus efectos deben abordarse de forma integral. “Las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal significativo para garantizar el transporte público como un derecho y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios. Sin embargo, este desafío requiere una respuesta nacional, con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles”, agregó Santamaría.
La asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer una visión articulada del transporte público, que conecte la política laboral con la realidad fiscal de los territorios y garantice sistemas eficientes, accesibles y financieramente viables para millones de colombianos.
Fuente: www.dataifx.com
