El Consejo Gremial Nacional pidió a la Corte Constitucional evaluar y suspender de manera provisional las medidas adoptadas por el Gobierno mediante los decretos legislativos 173 y 240 de 2026, que establecen un impuesto al patrimonio para las empresas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el gremio afirmó que el país está próximo a enfrentar efectos económicos derivados de la aplicación de estas decisiones y señaló que el nuevo tributo implica una carga cercana a $8,3 billones para el sector empresarial.
Según el documento, el plazo definido para el pago del impuesto no permite que las compañías se preparen para cumplir con la obligación tributaria. “En la práctica, muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos”, indicó el Consejo Gremial Nacional.
La organización también planteó cuestionamientos desde el punto de vista constitucional. De acuerdo con el gremio, la Constitución establece que las decisiones adoptadas durante estados de emergencia deben estar relacionadas con la crisis que se busca atender. Sin embargo, el comunicado señala que el Gobierno ha mencionado que las medidas también buscan cubrir un faltante fiscal anterior.
“La Constitución establece que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender. Sin embargo, el propio Gobierno ha señalado que estas medidas también buscan cubrir un hueco fiscal de tiempo atrás”, afirmó el Consejo Gremial.
El documento agrega que la creación de un impuesto mediante decreto implica dejar por fuera al Congreso en la discusión de cambios tributarios. Según el gremio, las reformas fiscales requieren debate legislativo.
El Consejo Gremial también señaló que la Corte Constitucional ha establecido que las medidas tomadas bajo estados de excepción deben cumplir criterios de temporalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, indicó que el impuesto se aplica sobre el patrimonio de las empresas y no sobre sus utilidades.
“En este caso, se está cobrando un impuesto sobre el patrimonio de las empresas —sobre lo que tienen y no sobre lo que ganan— para cubrir necesidades que van más allá de la coyuntura”, señaló el comunicado.
El gremio agregó que la medida puede tener efectos sobre el flujo de caja de las empresas y sobre decisiones de inversión. También indicó que los plazos de pago establecidos podrían llevar a algunas compañías a tomar decisiones financieras para cumplir con la obligación.
“Los plazos tan cortos obligan a las empresas a endeudarse, vender activos o aplazar proyectos, decisiones que impactan directamente el empleo, las cadenas productivas y el dinamismo de la economía”, sostuvo el Consejo Gremial Nacional.
El comunicado también menciona el contexto de las finanzas públicas y señala que este tipo de medidas tiene efectos sobre la confianza y la seguridad jurídica.
Ante este escenario, el Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional revisar las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo y tomar decisiones en el corto plazo.
“El Consejo Gremial Nacional solicita respetuosamente a la Corte Constitucional actuar con celeridad, evaluar estas medidas y considerar su suspensión provisional”, indicó la organización.
El pronunciamiento concluye señalando que el respeto por la Constitución y el funcionamiento de las instituciones es un elemento para la estabilidad económica del país.
Fuente: www.dataifx.com
