El Ministerio del Trabajo puso a consideración de la ciudadanía ocho proyectos de decreto con los que busca ajustar disposiciones reglamentarias relacionadas con la reforma laboral, al considerar que algunas normas vigentes presentan inconsistencias jurídicas, problemas de técnica normativa o disposiciones que excederían los alcances establecidos por la ley.

Las iniciativas estarán disponibles para comentarios hasta el 9 de noviembre, período durante el cual trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales, gremios y demás interesados podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva.

La revisión se concentra en normas relacionadas con tercerización laboral, pactos colectivos, inspección de trabajo, plataformas digitales de reparto, acoso laboral, violencia y discriminación en el trabajo, trabajo doméstico y protección de periodistas y comunicadores.

De acuerdo con el Ministerio, durante el análisis de los decretos se identificaron disposiciones que contemplaban sanciones superiores a las autorizadas en la legislación, funciones asignadas a inspectores de trabajo que corresponderían a autoridades judiciales, apartados que ya habían sido anulados por el Consejo de Estado y errores de redacción o de remisión normativa.

Uno de los cambios más relevantes propone derogar el Decreto 581 sobre tercerización ilegal. La cartera laboral argumentó que la norma incluía disposiciones que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado y establecía sanciones que no estarían respaldadas por la ley. No obstante, precisó que la tercerización ilegal seguirá prohibida y podrá continuar siendo objeto de investigaciones y sanciones.

Otra de las propuestas contempla la derogatoria del Decreto 992 sobre pactos colectivos. En caso de avanzar la iniciativa, el trámite para el depósito de estos acuerdos volvería a regirse por las disposiciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. El Ministerio señaló que la restricción para celebrar pactos colectivos cuando exista una organización sindical que agrupe a más de una tercera parte de los trabajadores continuará vigente.

En materia de inspección laboral, el Gobierno planteó reemplazar el Decreto 720 para establecer criterios más precisos sobre la adopción de medidas preventivas. Entre los cambios se incluyen requisitos de motivación de las decisiones, límites temporales para las medidas y mecanismos de revisión.

La propuesta relacionada con los repartidores de plataformas digitales también introduce modificaciones en el cálculo de aportes al sistema de seguridad social. El texto establece que la base de cotización se determinaría sobre el 40% de los ingresos efectivamente percibidos por el trabajador, siguiendo los parámetros definidos en la ley.

Los proyectos incluyen además ajustes a las normas sobre acoso laboral, violencia y discriminación en el entorno de trabajo. El Ministerio sostuvo que se mantendrán las medidas de prevención y protección para las víctimas, incluida la protección especial frente al despido en casos de acoso sexual, aunque se eliminarían algunos elementos probatorios que, a juicio de la cartera, solo pueden ser establecidos mediante una ley expedida por el Congreso.

La revisión también alcanza aspectos relacionados con el trabajo doméstico y las disposiciones laborales aplicables a periodistas y comunicadores, con el propósito de armonizar la reglamentación con el marco legal vigente.

Antes de divulgar los proyectos, el Ministerio abrió espacios de discusión con representantes de sindicatos y gremios empresariales a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Tras ese proceso, las propuestas fueron publicadas para consulta pública y ahora entran en una etapa de recepción de comentarios que servirá de base para definir su versión final.

Fuente: www.dataifx.com