El debate sobre los precios de la vivienda en Colombia tomó fuerza este lunes tras una declaración del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente a las empresas constructoras por vincular el valor de los inmuebles al salario mínimo. En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario afirmó que “esa es una estafa delictiva” y solicitó a la Superintendencia de Vigilancia que adelante las investigaciones correspondientes y aplique las sanciones que considere necesarias.

Petro argumentó que el costo laboral representa solo una parte del total en los proyectos de construcción, y señaló que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”. Además, pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a las constructoras que, según él, están incurriendo en prácticas irregulares con sus clientes.

La respuesta del gremio no se hizo esperar. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) emitió un en el que expresó su preocupación por el tono del comunicado del presidente, señalando que “su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable”. Según Camacol, esta actitud contrasta con los principios de “política del amor” y “paz total” que el propio Gobierno ha promovido.

En cuanto al fondo del asunto, el gremio aclaró que los topes de precios para la vivienda de interés social (VIS) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Gobierno y que “se encuentran indexados al salario mínimo que su Gobierno decreta”. Camacol enfatizó que estos valores son límites máximos y no incrementos automáticos, y que desde el sector constructor no se han definido aumentos de precios.

El gremio también destacó el impacto que ha tenido el aumento del salario mínimo en la economía, calificándolo como sorpresivo, y lo relacionó con un contexto crítico en el que más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya. En ese sentido, Camacol subrayó que “nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a una vivienda propia y proteger la viabilidad del sector”.

El cruce de declaraciones se produce en un momento de alta sensibilidad para el mercado inmobiliario, marcado por ajustes en los subsidios, cambios en los costos de insumos y expectativas sobre el comportamiento del salario mínimo. Mientras el Gobierno insiste en revisar las prácticas comerciales del sector, los constructores llaman a mantener un diálogo técnico que permita enfrentar los desafíos sin afectar la confianza de los compradores ni la estabilidad del sector.

Fuente: www.dataifx.com